Vivienda pública: sin beneficios se puede construir la ciudad del futuro. (el Economista)



Los promotores inmobiliarios entienden la vivienda como elementos de compraventa sujetos a las leyes del mercado. Por tanto, el miedo a no poder realizar esa futura venta que consideran como principal actividad de su producto les lleva a apelar al mínimo común denominador. No existe el mínimo resquicio para el riesgo. Construyen edificios de ladrillo visto porque son los que se vendieron en la anterior promoción y los que se vendieron en la promoción que iba antes de la anterior y los que se venderán en la próxima. Y como la oferta es tan uniforme, los ciudadanos tampoco tienen acceso ni capacidad para pedir o siquiera plantearse viviendas -y mucho menos edificios- distintas a las que ya conocen desde siempre.

La vivienda protegida se salta completamente los embistes de la rueda económica. No tienen que venderse porque ya están vendidas prácticamente antes de construirse. Sí, tienen unas limitaciones de superficie y también de presupuesto de ejecución, pero son las únicas. Los edificios se proyectan a través de concursos de arquitectura cuyo jurado está a su vez compuesto en su mayor parte por arquitectos, ni vendedores ni constructores ni promotores. Y, como no hay necesidad de beneficio económico, la principal condición que se contempla a la hora de diseñarlos es el bienestar. El bienestar de los futuros usuarios y también el bienestar de la ciudad. (Lee este reportaje en el Economista)